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SEGURIDAD. TRANSICIÓN INEXISTENTE, FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CUENTAS EN ROJO.

La transición en materia de seguridad fue un fracaso. Después del triunfo electoral de Alberto Fernández y la foto posterior junto al presidente Mauricio Macri todo parecía encaminarse hacia un traspaso ordenado de la gestión.



Sin embargo, en algunas áreas directamente el diálogo fue inexistente y las traiciones con filtración de información sucedieron desde el día posterior al resultado electoral.

Así sucedió con el Ministerio de Seguridad. Un área sensible que debiera haber sido prioridad.

Hasta el cierre de esta nota, no había existido ninguna reunión formal entre los referentes del Frente de Todos y las actuales autoridades del organismo. Eso no quiere decir que los equipos del presidente electo no estén recibiendo información. Todo lo contrario.

“Hay traiciones y muchos heridos que están pasando información sin que nadie formalice un encuentro”, contó un actual funcionario que prefirió el anonimato.

Varias fuentes ratificaron a A24.com la existencia de numerosos contactos informales de los actuales cuadros medios del Ministerio con los especialistas del gobierno entrante.

“Hay mucha gente que se comunicó con nosotros para darnos información verdadera, algo que jamás hubiera existido en un encuentro formal”, revelaron desde el Frente de Todos.

Efectivamente, fueron varios los actuales funcionarios que se encargaron -en forma reservada- de filtrar información detallada del estado de las cuentas y otros puntos sensibles de la actual gestión. Los datos preocuparon al entorno del presidente electo.

Tras la algarabía del triunfo electoral, rápidamente fueron disueltos los equipos de campaña que coordinó Nicolás Trotta y funcionaban en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UNMET).

Después de entregarle una plaqueta de acrílico con un reconocimiento a cada uno, en el Frente de Todos anunciaron la conformación de un nuevo grupo de colaboradores.

Unas 40 personas fueron llamadas a integrar el trabajo de coordinar la transición con el gobierno saliente. En materia de seguridad, los elegidos fueron Diego Gorgal, Germán Montenegro y Silvia Laruffa.

A partir de allí, los especialistas en Seguridad aguardaron expectantes la distribución de tareas para comenzar las reuniones de traspaso; algo que jamás sucedió.

En el marco de este silencio aparecieron los primeros contactos informales donde se empezó a filtrar información rompiendo la regla de la formalidad. A los funcionarios se les sumaron algunos sindicalistas.

Delegados del gremio UPCN, que maneja los hilos internos de la administración de gran parte del Ministerio de Seguridad, se encargaron de hacerle saber a los equipos del presidente electo detalles puntuales de las cuentas oficiales del organismo. UPCN pisa fuerte dentro del Ministerio.

Más del 60% de los empleados están afiliados a ese gremio. Fueron ellos los primeros que se encargaron en filtrar cifras y “un estado de situación administrativo” que ya preocupan al gobierno entrante.

Deudas y problemas

Las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal) van a comenzar el año 2020 con más de 100 millones de pesos de deuda por servicios impagos de todo este año.

El caso de la Prefectura es quizás el más complejo. Hace seis meses que el área de Legales cruza carta documentos con las empresas eléctricas ya que esa fuerza figura como un cliente que no cumple con sus obligaciones.

“No nos cortan la luz porque sería un escándalo político”, reveló una fuente de Prefectura que confirmó el dato. Desde el Ministerio explicaron que esa deuda se generó por un desfasaje presupuestario y que “el asunto está en vías de solucionarse”.

A esto hay que sumarle la postergación, para el año entrante, de obligaciones contraídas por la compra de material técnico para desarrollar tareas de seguridad.

A menos de 20 días del traspaso de mando este fracaso en el intento de coordinar una transición ordenada evidencia de unas de las principales preocupaciones de Alberto Fernández.

El presidente electo fue crítico con la gestión de la ministra Patricia Bullrich a quién acusó, en más de una oportunidad, de apelar al marketing político para encargar el flagelo de la seguridad.

“El problema de la inseguridad lo padecen los pobres, no lo padecen los ricos. La inseguridad la padece el que toma un colectivo o un tren y anda por la calle en bicicleta. No la padezco yo que me subo a mi auto, salgo de un garaje y entro a otro garage. La padece el que anda por la calle. Tenemos que terminar con esa mentira de Patricia Bullrich. Las fuerzas de seguridad actúan de acuerdo a quienes manden”, declaró Fernández en una extensa entrevista con Página 12.

Cambios en vista

Entre los cambios que planea implementar a partir del 10 de diciembre el presidente electo, figura una reforma para que el área de Seguridad deje de ser un Ministerio y haya un Consejo de Estado con participación o control parlamentario.

Pero la idea de este nuevo organismo no surgió de los equipos técnicos que se constituyeron en la UNMET y que sirvieron de soporte durante toda la campaña del Frente de Todos.

Mientras tanto sigue creciendo la versión de una disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Y otro tema sensible es el monopolio de las escuchas telefónicas.

Fueron varios los asesores cercanos a Fernández que coincidieron en plantear la necesidad “de darle una mayor seriedad a esta herramienta judicial”. Es factible que el manejo vuelva a manos del Ministerio Público Fiscal.

(*) Publicado en A24.com

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