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VARIOS OPERATIVOS SIMULTÁNEOS POR LAVADO DE ACTIVOS.

El abogado Pedro Lamadrid, representante legal de la empresa Oro Black -una de las allanadas-, definió a la firma como “una pequeña financiera legalmente registrada” y cuya operatividad comercial “es la intermediación de finanzas”.


El accionar de Prefectura Naval y de la AFIP, que por órdenes de la Justicia Federal allanaron 11 domicilios, se extendió durante toda la jornada del miércoles, captando la atención de los concordienses y dando origen a multitud de versiones, que corrieron con particular fuerza ante la ausencia de información oficial.

El letrado aseguró que durante el operativo “se prestó toda la colaboración, dando los soportes informáticos, la computadora, la documentación bancaria y contable”, con miras a que “la investigación siga su curso”. Dijo que la causa “estaría vinculada a un tercero”, cursada en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, y estaría caratulada con el nombre de Ávalos”.

En concreto, de la firma se secuestró una notebook, software, teléfonos particulares, documentación contable y fiscal, además de dinero en efectivo y cheques.

Trascendió también que la vivienda de un hombre ligado a actividades financieras, identificado como Ernesto Palazzotti, había sido allanada. Es más, pasada la media tarde, el procedimiento aún continuaba, por calle Damián P. Garat al 1300.

Otro de los sitios donde Prefectura y AFIP desplegaron mayor actividad fue en un estudio contable, ubicado por calle Sarmiento, propiedad del profesional Guillermo Bahr.

Aunque las fuerzas federales no dieron precisiones sobre el propósito ni tampoco los resultados de los allanamientos, se supo que se investiga una presunta “infracción a la Ley Penal Tributaria".

“Nosotros los abogados la denominamos una ley ómnibus porque involucra distintos tipos de delitos”, puntualizó Lamadrid, y agregó que la investigación es para determinar si hay “lavado de activos financieros, evasión fiscal y – no en el caso de mi cliente, sino en los otros allanamientos – la probable existencia de facturas apócrifas”.
Fuente: Nada que perder - El Entre Ríos

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