Giraldo comentó además que los argentinos “se encuentran en libertad” aunque se los imputa de un “delito contra la salud pública porque no tenían las condiciones higiénicas”. Tampoco contaban con “las licencias y los permisos para esa actividad” y “no pagaban impuestos”.

 

También aseguró que los argentinos no serán deportados. “Están el libertad provisional en espera del oportuno juicio. No pesa sobre ellos ninguna orden de expulsión ni se inició ninguna”, aseguró.

 

El vocero policial dijo que “se trata más de un problema de burocracia que de sanidad”, ya que “no hubo gente intoxicada”.

 

Tengo que reconocer que muchas veces la burocracia necesaria para abrir un negocio llega hasta el aburrimiento para alguien que quiere hacerlo. La verdad es que en las administraciones públicas la burocracia necesaria es tremenda”, admitió.

 

Los argentinos G.P.S., de 46 años, y su mujer, C.E.C, de 45, fueron detenidos el pasado 10 de febrero, luego de una investigación de más de un mes. Según trascendió, en el último año habían repartido 12 mil kilos de pizza en 22 provincias. Para los traslados recurrían a empresas de mensajería con vehículos que no reunían las condiciones necesarias (frigorífico o isotermo).

 

Las provincias en las que hasta el momento se comprobó la recepción de este producto serían Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Girona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.

 

Los establecimientos afectados se dedican a hostelería, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, organización de eventos y particulares.