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PANDEMIA Y POLÍTICA. OPINIÓN

Se debe admitir el hecho que hasta este momento, y frente a la pandemia, los argentinos hemos dado cuenta de una encomiable manifestación de unidad.


 Algo expresado en el alto consenso que demuestra la población con la manera que, desde el gobierno, se gestiona la crisis desde el punto de vista sanitario.

De allí que no pueden dejar de preocupar tenues señales de que esta unidad pueda comenzar a resquebrajarse, como consecuencia de decisiones y acciones que no tienen que ver con el manejo sanitario de la crisis. Y que lo tienen en cambio, con la manera en la que autoridades abordan diversos temas, que solo de una forma indirecta están vinculados con su meollo.


Es que da la impresión que, por motivaciones diversas, quienes nos gobiernan no prestan la atención debida a situaciones respecto a las cuales distintos sectores de la opinión pública son particularmente sensibles, que hacen a aspectos periféricos de la gestión antedicha. Pero que, como consecuencia de ello, provocan reacciones que independientemente del hecho de su acierto o desacierto, vienen a perturbar la serenidad que exigen las actuales circunstancias.

A su vez, vemos que en la mayoría de los casos, situaciones de este tipo se dan cuando se hace presente la política, “metiendo su cola”. Algo que no debe entenderse necesariamente como habitualmente se lo hace. Es decir, hablar de la política en un sentido partidista. Lo dicho aquí se hace necesario destacarlo, en cuanto debemos señalar que no consideramos que esa interferencia, en los casos en que se hace presente, tenga necesariamente esas segundas intenciones.

Es así como al respecto, existen sectores sociales que vienen a mostrar temores, que cabe considerarlos como desmedidos, pero hasta cierto punto al menos resultan explicables. Por muchas penosas experiencias de nuestro pasado -con lo que se hace referencia exclusivamente a uno más o menos lejano- de que data de una múltiple variedad de medidas restrictivas.

Es que, como consecuencia de la declaración del estado de emergencia, existen quienes expresan el temor de que el mismo haya “venido para quedarse”. Todo ello en desmedro de nuestros derechos y libertades.

Temores que son alimentados por la, hasta cierto punto explicable, paralización de la labor parlamentaria; en circunstancias en las que se lo ve al Poder Ejecutivo urgido por la necesidad de afrontar la coyuntura recurriendo a lo que no son otra cosa que “decretos leyes”. Una circunstancia que para esos sectores no resulta del todo comprensible, si se atiende a la manera como se viene conduciendo la oposición parlamentaria, acompañando con excelente buena disposición la actuación de aquel.


A lo cual se agrega la presencia, o una presunción no descabellada, de presiones sobre los jueces con la clara intención, que en algunos casos ha resultado inclusive exitosa, de obtener el otorgamiento de la prisión domiciliaria, a políticos presos con condena firme, algunos de ellos hasta confesos.

Ello así, sin que exista causa real que les permita acceder a un beneficio, dado lo cual ese tipo de situaciones solo resultarían explicables si ellas se extendieran a la generalidad de los presos que pueden invocar los mismos argumentos, por ser como ellos, presos comunes y no políticos presos.

Ya que algo que pareciera estar demás recalcar, pero de cualquier manera resulta de importancia el hacerlo, es el hecho que la de los “políticos presos”, es una condición completamente distinta a la de quienes resultan no otra cosa que “presos políticos”. Es que existe una diferencia diametral entre esas condiciones, a pesar del hecho que se las pretenda asimilar. Circunstancia que lleva a que nos encontremos ante algo que, si bien no es truco de prestidigitador, no pasa de ser un engañoso juego de palabras.

Lo expuesto explica también que no merecía la agresividad en la reacción -la que en un periodista decano de la prensa nacional, traspasó los límites de la grosería, para llegar a un extremo indescriptible- que se produjo como consecuencia de una medida que pretendía “ser colaborativa” con los mayores de 70 años, que mal planteó el gobierno porteño, como “medida restrictiva” en apariencia, ya que yerros de esas características son entre nosotros de los que no se perdonan, despertando así una vocinglera e iracunda algarabía.


En contraste con la pasiva indiferencia con la que fueron recibidas por la mayoría de la población maniobras con al menos olor a corrupción, cometidas en contrataciones realizadas por los gobiernos nacional y de la ciudad autónoma, en la que aparecen vinculados funcionarios de la segunda línea de sus respectivas administraciones, las que como ocurrió llevó al alejamiento de los sospechados, pero que inexplicablemente no arrojó el degüello simbólico de ningún ministro. De donde cabe preguntarse si en estos tiempos volcados desesperadamente a encontrar vacunas, no habrá quien intente conseguir otra, que esta vez nos inmunice contra la corrupción.

Párrafo aparte, y el último merece la circunstancia de que todo lleva a pensar que asistimos a la resurrección del olvidado juego infantil conocido como de “El gran bonete”. Al que parecen estar jugado altos funcionarios e importantes gobernadores, cuando al ser interrogados al respecto, niegan ser los que contrataron más de dos centenas de médicos cubanos, que el gobierno de ese país al parecer nos mandará empaquetados en un solo envase, para ser empleados en la atención de los coronavirados en la provincia de Buenos Aires. Es que en todos los casos a su negativa, los funcionarios interrogados, agregan ignorar quién o quiénes fueron los que efectuaron esa contratación.

Algo que, a la incomodidad manifiesta que muestran al responder los nombrados, se suma que queda flotando en el aire otra pregunta, cual es la de quién es “El gran bonete”.

En tanto, si bien no es nuestro interés meter la cola en ese entuerto, de cualquier forma no podemos dejar de señalar las quejas que esa información, con sonido de trascendido, ha provocado en determinados sectores. En primer lugar, entre los médicos nativos y sus asociaciones, las que destacan que no solo existen profesionales capaces y bien dispuestos en cantidad suficiente para atender la emergencia, sino que en algunas de las fuentes del sector afirman que existen miles de médicos jubilados radicados en la provincia bonaerense, que se han ofrecido como voluntarios para ayudar para lo que manden, en la actual coyuntura.

A lo que se agrega el rezongo de los médicos venezolanos a los que Maduro hizo marcharse de su tierra, y a los que no se les ha permitido, ni siquiera dentro del marco de la coyuntura, el poder ejercer su profesión, sin contar con la reválida de su título. Algo que vaya a saber por qué no se les exigiría a los médicos cubanos, para quienes solo les sería suficiente con mostrar la cara.

Nada que pueda extrañar, en una sociedad como la nuestra en la que es harto sabido el tratamiento que suele darse a los “entenados”.

ELENTRERIOS.

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