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PAGLIOTTO EL ACUERDO DE JUICIO ABREVIADO DE RIGHELATO " SIENTA UN PÉSIMO ANTECEDENTE"PARA OTRAS CAUSAS SIMILARES.

El abogado querellante en causas de corrupción, Rubén Pagliotto, sostuvo que el acuerdo en juicio abreviado del ex titular de Obras Sanitarias, Hugo Righelato, “sienta un antecedente de pésima factura porque esto sería un salvoconducto para otras causas que involucran a otros funcionarios.


como (Sergio) Urribarri y (Pedro) Báez entre otros”. En ese marco criticó el hecho de “acordar ante semejantes delitos contra la administración pública, nada más que una pena de tres años y la devolución de alguna suma de dinero o algún bien, dejando afuera la posibilidad de investigar el delito de enriquecimiento ilícito”. “Frente a este panorama sombrío y extremadamente grave, la información me produce una profunda desazón y me confirma que en esta provincia se persigue a los pobres y a aquellos que en algun momento –por un motivo u otro- se enfrentan a la estructura del Poder Judicial”, sentenció. Además, advirtió que de confirmarse el acuerdo judicial “no esperemos penas mayores para Sergio Urribarri o Pedro Báez, ni para otros funcionarios que hoy atraviesan procesos de esta naturaleza”. Del mismo modo, consideró “una tomada de pelo y confirma la tesis que venimos sosteniendo desde hace tiempo: que en la provincia de Entre Ríos no hay una política criminal de persecución para los delitos contra la administración pública”. Ante esto, deseó “que la Justicia reflexione y que el juez no firme este acuerdo”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Pagliotto dijo que “no me sorprenden los delitos que se le enrostran de peculado y de fraude a la administración pública, más los posibles negocios incompatibles”, aunque el abogado opinó que “más que posibles, estarían probados”.

“En esa suerte de combo de tantos delitos y sobre todo por lo escandalosa que fue la gestión de Righelato que había creado tres empresas: Ecocien SA (conformada en 2014), Azul SRL (creada en 2011) y Tecno Geo SA (formada en 2009), que no tenían personal y cuyos trabajos se hacían con personal de obras sanitarias, ergo los salarios de los trabajadores los bancaba la provincia, con maquinaria, insumos, combustibles y viáticos de la provincia. Con esto, lo de Righelato más allá de que haya sido un personaje que no jugaba en la primera línea de funcionarios, los delitos que cometió fueron muchos y muy graves, y significaron directa o indirectamente sustracciones de caudales públicos, incluso por pozos de agua que se cobraban a la provincia y no se hacían”, analizó.

En resumen, sostuvo que “lo que era obras sanitarias como ente estatal estaba cooptado y en permanente negociación incompatible con las tres empresas de Righelato”.

Aseguró que “los delitos están claros” aunque cuestionó que “no me parece bien y sienta un antecedente de pésima factura porque esto sería un salvoconducto para otras causas que involucran a otros funcionarios, como (Sergio) Urribarri y (Pedro) Báez entre otros, de acordar ante semejantes delitos contra la administración pública, nada más que una pena de tres años, y al parecer devolvería alguna suma de dinero y algunos bienes sustraído, y con ello queda afuera la posibilidad de investigar el delito de enriquecimiento ilícito”. 

“Frente a este panorama sombrío y extremadamente grave, la información me produce una profunda desazón y me confirma que en esta provincia se persigue a los pobres y a aquellos que en algun momento –por un motivo u otro- se enfrentan a la estructura del Poder Judicial. Y de ser así, no esperemos penas mayores para Sergio Urribarri o Pedro Báez, ni para otros funcionarios que hoy atraviesan procesos de esta naturaleza”, advirtió. 

En contraposición, sostuvo que “en los países serios nada es gratis y la corrupción se castiga en plazos más cortos que en Argentina y se dan penas ejemplares” y en tal sentido mencionó “el informe que ayer dio a conocer el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, sobre la auditoría que se hizo en el fuero federal respecto a las causas de corrupción, indica que menos del 10 por ciento de las causas por corrupción obtienen un procesamiento y llegan a juicio, el resto prescribe o no llega a ningún resultado, y esto significa dos cosas: o los delitos no existieron y por lo tanto no hay corrupción y éste es el mejor de los mundos o la justicia en Argentina no sirve y está más cerca de ser funcional a la impunidad y a los saqueadores que a ser un servicio de justicia en función de la gente”.

“Uno pasa muchas horas y meses investigando y pone mucho empeño para acercar datos a la justicia, con lo cual este resultado me parece una tomada de pelo y confirma la tesis que venimos sosteniendo desde hace tiempo: que en la provincia de Entre Ríos no hay una política criminal de persecución para los delitos contra la administración pública”, lamentó el abogado, que también cuestionó que “en rigor durante años la Justicia miró para otro lado, y hoy como no le ha quedado otra y la población comenzó a respirarle en la nuca a fiscales y jueces hacen como si hicieran algo”. 

“El caso de Righelato es emblemático en cantidad y calidad porque uso al Estado como una empresa propia”, sentenció.

Respecto de la pena acordada, Paglioto explicó que “el peculado prevé una pena de dos a 10 años de prisión, con lo cual Righelato estaría muy cerca del mínimo con tres años, más fraude a la administración pública, más negociaciones incompatibles, ya por estos delitos en la cantidad de veces que se reiteraron y la cantidad de fondos que este saqueador serial le sacó al Estado, tres años es una pena exigua que lo habilitaría al fisco a que pueda reclamar por perjuicio”. De todos modos, aclaró que “todavía no está en Argentina regulada la figura de extinción de dominio que como pena accesoria a la de privación de libertad se incauten o decomisen todos los bienes mal habidos, empresas, maquinaria, autos”.

“Con todo el tiempo de investigación y todo el material existente, Righelato sufre una pena injusta para las expectativas de la gente, y especialmente porque sienta un pésimo antecedente y es casi un salvoconducto de vil inmunidad para otras personas que atraviesas causas similares y con idénticos delitos”, reiteró. 

En cuanto al acuerdo para devolver bienes, sostuvo que “se sabe que Righelato tenía muchísimas propiedades y negocios, y bienes inmuebles adquiridos con el producto de la corrupción, entonces si devuelve una casita y dos terrenos cuando tiene 20 veces más, es un engaña pichanga y una burla para la propia justicia que pierde la estima y el crédito frente a la sociedad y es una patada en el hígado para el laburante que se levanta todos los días a las cinco de la mañana para trabajar”.

Finalmente, deseó “que la Justicia reflexione y que el juez no firme este acuerdo”.

Analis digital.

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