A mi Gente Digital


INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA REVELA VÍNCULOS DE ETCHEVEHERE CON EL PODER POLÍTICO.

Esta publicación semanal del Grupo Perfil brinda un adelanto del libro "Historia política de la Sociedad Rural", de Alejandro Tarruella, editado por Octubre, haciendo hincapié en el actual ministro de Agroindustria de la Nación, oriundo de Entre Ríos.


Si algo faltaba a las decisiones estratégicas del gobierno de Mauricio Macri era incorporar a su gabinete a un presidente de la Sociedad Rural en ejercicio, Luis Miguel Etchevehere. Al jefe de Estado le habían impresionado sus discursos contra el gobierno de Cristina Fernández en las ceremonias anuales y cuando asumió quiso sumarlo a sus ministros, pero los radicales de Cambiemos, apasionados en lo minúsculo de las internas, lo rechazaron pese a ser afiliado a la demolida UCR. Macri, entonces, lo cargó en sus giras a Holanda, China y Japón. Más tarde, el 30 de octubre de 2017, antes de ingresar a una reunión en el Centro Cultural Kirchner, llamó a Etchevehere y le anunció: “Luis, sos el ministro de Agroindustria”. Esa misma tarde, Marcos Peña lo recibía para acordar los términos de su nombramiento. Poco después, el flamante ministro se despedía de su organización, como presidente y socio, prometía ocuparse de los pequeños productores y de las economías regionales, y le dejaba su lugar a su vicepresidente, Daniel Pelegrina.

Pero no todas fueron flores en su camino. Dolores Etchevehere, su hermana, le dijo entonces al periodista Juan Amorín: “Macri es un cínico o es un ganso… Cuando lo nombró a mi hermano como ministro sentí que mi presidente me estaba fallando”. Su agudeza le permitió preguntarse: “¿Por qué eligió como ministro a una persona cuyas empresas tienen balances contables que están todos desaprobados? ¿Por qué eligió a una persona que tiene causas penales por evasión, lavado de dinero, vaciamiento de empresas?”.

Entre el primer y el segundo mandato de Yrigoyen hubo cuatro integrantes de la SRA que fueron ministros. Con Marcelo T. de Alvear llegaron dos y en el gobierno del general Justo fue ministro Luis Duhau. Federico Lorenzo Martínez de Hoz, dirigente del Partido Conservador y de la organización paramilitar Liga Patriótica Argentina, dejó la titularidad de la entidad que condujo entre 1928 y 1931, luego de apoyar el golpe de Uriburu: fue elegido gobernador de Buenos Aires gracias al “fraude patriótico”, cuando Justo intervino la provincia ante la embestida de Manuel Fresco, a quien secundaba el socialista independiente, Roberto Noble, luego fundador del diario Clarín.

El nombramiento de Etchevehere dio lugar a interpretaciones de distinto signo en torno de la profundización involutiva del gobierno de Macri. El carácter histórico de la Sociedad Rural y su compromiso al parecer definitivo con alineamientos corporativos de nuevo tipo, siguiendo la estructura de los dueños de la tierra reconvertidos en aparato especulativo y financiero globalizado, habilitaban una regresión. Y Etchevehere tenía ese perfil tan marcado que solo restaba acudir a su trayectoria para confirmar que era afín a la idea macrista de lo que debía ser un empresario de estos días. Para un gobierno sin destino bien cabía un personaje que no trepidara en sentimentalismos para abordar la tarea de acumular desconociendo los límites de la ley.

Etchevehere parece ser parte de una estirpe en la que pasado y presente se entrecruzan en costumbres y vínculos. La historia de la familia se inicia en el país cuando en 1835 nace Luis Bernardino Etchevehere, hijo del vasco francés Lorenzo Etchevehere. Lorenzo se casó con Juana de Vergara y Acevedo, hija de padre chileno y madre peruana radicados en Carcarañá, Santa Fe. Luis Bernardino, sus padres y sus hermanos, se establecieron en Palmar, departamento de Diamante, cerca de Paraná, donde fundaron la estancia “La Esperanza”. Luis se casó el 2 de julio 1870 con Tomasa Craig y Donovan, hija de Thomas Craig, irlandés expedicionario en las invasiones ingleses que luego de la capitulación de Beresford integró la logia masónica “Estrella del Sur” y se afincó en la provincia de Buenos Aires. Allí se alistó con los patriotas en 1810 y fue con Belgrano a Tucumán y Salta. Luego, comandó el bergantín “El Republicano” en la batalla de la Vuelta de Obligado, bajo el mando del almirante Guillermo Brown.

Su hijo, Luis Lorenzo, fundó El Diario de Paraná en 1914 y luego fue gobernador de Entre Ríos y senador. Fundó, además, el Jockey Club de la provincia y la Biblioteca Provincial de Paraná. Arturo Julio, su hijo, fue presidente del Superior Tribunal de Justicia, ministro de Gobierno y Justicia, y del banco provincial. En 1963 fue candidato a vicepresidente del general Pedro Eugenio Aramburu. Paralelamente, dirigió el establecimiento rural “Las Margaritas” hasta su muerte, en 1994. Arturo Julio, Luis, Ivar y Arturo vendieron el diario y fundaron Etchevehere Rural, especializada en el remate de ganado. Luis Miguel, el titular de la SRA que llegó al Ministerio de Agroindustria con Macri, es hijo de Luis Etchevehere, que dirigió el diario, y fue miembro de ADEPA. Al dejar el diario Ivar y Arturo, lo sucedieron Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, junto al financista Walter Grenon.

Luis Miguel se diplomó de abogado en la Universidad Nacional del Litoral, fue productor agropecuario y director del diario La Acción de Nogoyá, y mantuvo la tradición radical de su familia. Fue delegado zonal de la Sociedad Rural desde 1993, luego vicepresidente segundo de la entidad, y la presidió en 2017. En 2008 fue una de las caras de la Mesa de Enlace que enfrentó al gobierno de Cristina Fernández por las retenciones a los grandes productores agropecuarios, y se presentó con atavíos de militante en el piquete del túnel subfluvial Paraná-Santa Fe.

En mayo de 2014, el Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios (Renatea) inspeccionó siete establecimientos de los Etchevehere en la provincia de Entre Ríos, y detectó a trabajadores en condiciones fuera de la escala humana, con una alta precariedad. Sergio y Antonio Cornejo, trabajadores rurales, harían conocer años después los usos y costumbres de la familia Etchevehere, sus presuntos principios y su consideración de la humanidad. “En el establecimiento La Hoyita, de la empresa Las Margaritas, propiedad de Leonor Barbero Marcial viuda de Etchevehere, dos trabajadores no registrados vivían en unidades sin energía eléctrica, agua potable ni baños. Son analfabetos, no tenían recibos de sueldo y prestaban servicios como peones generales por 450 pesos mensuales”, denunció el Renatea. Los Etchevehere combinaban, al parecer, diferentes modalidades para encarar sus negocios, y jamás evitaron las que cruzan el límite de la legalidad. Ello no le impidió presidir la Sociedad Rural e integrar el gobierno de Macri.

Al morir en 2009 el padre, Luis Etchevehere, fue imposible detener la reyerta familiar por la sucesión que aún se dirime en los tribunales. Dolores denunció a sus tres hermanos varones por fraude, lavado de dinero, evasión y más delitos en 18 causas. “Tenemos unas cinco mil hectáreas de campo, El Diario de Paraná, que fundó mi bisabuelo, Rural (consignataria de hacienda) e inmuebles. Al año siguiente de la muerte de papá les pedí a mis hermanos que habláramos de la sucesión. Pero siempre estaban muy ocupados. Terceros me contaban que en mis empresas pasaban cosas. La columna de este fraude es el de metamorfosear títulos de propiedad. Lo que era de mi papá se fue desviando a sociedades anónimas y de esa manera se evadían impuestos porque los bienes no pasan por una sucesión”, expresó Dolores al diario Perfil el 12 de enero de 2018.

Hubo operativos judiciales en domicilios comerciales de Construcciones del Paraná SA, centro de acción de Leonor Barbero Marcial, madre de Luis Miguel Etchevehere, y en la sede de la Sociedad Anónima Entre Ríos, empresa editora de El Diario de Paraná, donde el fiscal recogió documentación clave. La madre de Luis Miguel expresó en carta a La Nación: “Junto a Luis Félix Etchevehere, mi esposo, transité una historia de creaciones, pasión y trabajo. Diarios y campos. La fuerza de la palabra y la apuesta por la tierra, donde se aprende a sembrar esperanzas mirando al cielo. (...) La muerte intempestiva y siempre injusta y dolorosa se llevó a mi esposo. Mis hijos y yo decidimos asumir tres compromisos: no olvidar, no separarnos, no romper la unidad familiar. Mis hijos respetaron obras materiales que entre mi esposo y yo creamos, pero forjaron también sus propios sueños, marcados de igual modo por el olor a tinta y a la tierra (…) Luego la disidencia, seguramente fundada en errores de los que todos participamos”.

Las cosas en la Argentina habían cambiado en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En 2011, CFK hizo sancionar la ley 26.727, considerada un nuevo Estatuto del Peón, al tiempo que creó el Renatea en remplazo del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores). El Renatea rescataría de la servidumbre y la explotación laboral a unos mil trabajadores. Macri reestablecería el Renatre en favor de su sindicalista más importante, “Momo” Venegas (titular de la Uatre, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) quebrando otra vez los derechos de los trabajadores. El Renatre, ideado por Venegas y Duhalde en 2002, fue una estructura que encubrió la explotación laboral en el sector en una connivencia entre las patronales y la Uatre.

Venegas conocía el caso de los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, que llevaban 38 años de relación laboral no reconocida con los Etchevehere en la estancia “La Hoyita”, sin conocer sueldo, aguinaldo, vacaciones, derechos a la salud ni jubilación. Un caso lindante con una suerte de esclavismo posmoderno, que revela hasta dónde puede llegar la insensibilidad corporativa. Venegas y Etchevehere formalizaron una alianza que llevó a lo insólito de que un gremialista hablara en jornadas organizadas por la Sociedad Rural, en las que subrayaba “la importancia de generar un consenso entre todos los actores del sector agropecuario para demostrar que el agro engrandece a la Argentina, y puede lograr grandes acuerdos para hacer crecer al país”. Ese vínculo dio lugar a un hecho inédito: a la muerte de “Momo”, el 23 de julio de 2017, la entidad realizó en sus instalaciones una misa en recuerdo de los afiliados fallecidos ese año, e incluyó al gremialista. Viejos miembros de la entidad no recordaban un hecho semejante en la historia de la SRA. La misa se llevó a cabo en una colmada Sala de Ventas de las Misiones Rurales Argentinas.

Por ese tiempo, Etchevehere era investigado en el fuero penal debido a un préstamo del Banco Nación que tomó arguyendo emergencia agropecuaria. En 2011, Carlos Melconian, como director de la entidad, le otorgó 900.000 pesos a Las Margaritas SA, triangulado por el Banco Itau. La operación sirvió para blanquear una autocompra de inmuebles inmersa en el vaciamiento de una sociedad del grupo. El juez federal Sergio Torres sobreseyó en tiempo récord a Etchevehere y a Melconian. La denuncia la había realizado el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien criticó el fallo y cuestionó al juez porque “no ordenó ninguna de las medidas que requerimos, como allanamientos, pedido de intervención de los peritos contables de la Corte, y así, sin investigar, resolvió en favor de Etchevehere (…) El fallo es un papelón y se lo dije al secretario del juez”. Pudo sorprender que ante el escándalo judicial, la respuesta de Etchevehere, que reprodujo Perfil, fuese “Está todo en orden” (16-12-2016). La “Dinastía Etchevehere”, como se la conoce en Entre Ríos, hacía de ese modo docencia oligárquica. Parecía querer explicar que si una acusación alcanza a un miembro de su clase no hay posibilidad de cuestionarla, por su estirpe histórica y social. Y lo grave es que, de ser así, tendría razón en sus razones.

El 22 de octubre de 2018, el secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere también fue sobreseído de la denuncia por presuntas dádivas: había cobrado un bono compensatorio de 500 mil pesos que le pagó la SRA días antes de ser designado ministro. Fue el juez Marcelo Martínez de Giorgi quien tomó la denuncia de Leonardo Martínez Herrero en diciembre de 2017. El fiscal Ramiro González había imputado al secretario de Estado ante la sospecha de dádivas. Una vez más, la justicia actuaba de la mano de Macri favoreciendo sus intereses por encima de los correspondientes a la Nación y a la ciudadanía.

Fuente: Revista Noticias

Audio de ésta noticia

No hay comentarios en ésta noticia

Enviar comentario

Su email no será publicado, todos los campos marcados con * son requeridos - A mi Gente Digital no se responsabiliza por los comentarios de terceros, el sitio se reserva el derecho de aprobar o no el comentario

Su comentario ha sido enviado y puesto en la cola de validación