Las dirigentes destacaron también que permanecerán activos los más de 300 cabildos que vienen realizándose y en los que, aseguraron, participaron más de 10.000 personas en 73 comunas del país.



Esos cabildos son “muy distintos de los diálogos ciudadanos que realiza el gobierno de (el presidente) Sebastián Piñera, eligiendo a dedo a los participantes” y nacieron “de la idea de que este estallido social que vive el país solo se puede solucionar con mayor democratización”, dijo Figueroa.



La socióloga Claudia Dides, a cargo de la coordinación de las conclusiones de esos encuentros, afirmó que las principales demandas son “nueva constitución política, asamblea constituyente, nuevo sistema de pensiones de reparto y solidario” y “protección del ambiente”.



También se pide, entre otras cosas, “la nacionalización de bienes comunes como el agua, la energía, recursos naturales (litio y cobre) y servicios básicos, aumento sustancial del salario mínimo, mejoras del sistema laboral y educación pública de calidad y gratuita”, según Dides.



Chile vive una situación de estallido social desde el 18 de octubre pasado, cuando protestas contra el aumento del precio del boleto del metro se transformaron en una ola de violencia en la que decenas de trenes y estaciones del subte, así como de supermercados y otros comercios, fueron incendiados o destrozados.



El gobierno intentó sin éxito normalizar la situación decretando el estado de emergencia, la militarización de las calles y el toque de queda en algunas zonas del país, hasta que, el fin de semana pasado, Piñera levantó esas medidas y anunció una reorganización de su gabinete.



En ese contexto murieron al menos 20 personas, fueron detenidas más de 9.000 y, según informó hoy el presidente de la Cruz Roja chilena, Patricio Acosta, resultaron heridas más de 2.500.


“Responsablemente puedo decir que son más de 2.500 hasta la fecha”, dijo Acosta a la radio Cooperativa, y explicó que los datos de heridos reportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, estatal pero autónomo) “se quedaron cortos” porque no computan a quienes no fueron a atenderse a hospitales.



El miércoles pasado, Piñera se comprometió a indagar los “excesos” cometidos en la represión de las protestas y poco después el fiscal general, Jorge Abbott, aseguró que el Ministerio Público había abierto 840 investigaciones por denuncias de violaciones de derechos humanos en las jornadas del estallido.



En tanto, la ministra vocera del Gobierno, Karla Rubilar, desvinculó a Piñera y a su administración de “responsabilidad política” con respecto a las violaciones humanitarias durante la represión.



“Aquí no hay ninguna responsabilidad política sobre quienes puntualmente pudieron haber cometido abusos, excesos o finalmente violaciones de derechos humanos, si es que eso lo acredita la justicia; el presidente, desde el día uno, dio instrucciones clarísimas de respeto irrestricto a los derechos humanos”, sostuvo Rubilar en una entrevista publicada hoy por el diario santiaguino La Tercera.